evaluación de riesgos

Jul 24

La Dirección General de Policía fue condenada por el juzgado social de Reus tras incumplir su obligación de llevar a cabo una evaluación de los riesgos psicosociales para la seguridad y salud de los agentes del Aeropuerto de Reus (Tarragona). Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien efectuó la denuncia, un cambio de turno aprobado sin evaluación de riesgos fue la causa de la aparición de trastornos psicosociales en 8 agentes de policía.

Debido a la demanda interpuesta por SUP contra la DGP y el Ministerio de Interior en julio de 2016, el juez ha condenado a la DGP a realizar una evaluación de riesgos psicosociales, así como a adoptar las medidas correctoras pertinentes con la finalidad de evitar o reducir riesgos presentes y futuros.

En su denuncia, el sindicato afirmó la aparición de un clima de malestar consecuencia de un cambio de turnos en el sistema organizativo sin ningún análisis previo. Asimismo, hizo hincapié en el número de afectados por dicha medida, 8 agentes de los 22 componentes.

Además, SUP declara que, incluso una vez expuestos los hechos, ningún responsable de la DGP puso medidas con la finalidad de corregir la situación, agravando por tanto el daño ya causado.

En la sentencia, el juez hace referencia a una “falta de sensibilidad del problema de prevención de riesgos psicosociales” la cual puso en entre dicho “no sólo la realidad de los problemas de salud de los funcionarios afectados, con bajas médicas por incapacidad temporal, prescripción de tratamiento farmacológico y seguimiento psicoterapéutico, sino también la actuación de los médicos que los hubieran visitado “.

Por otro lado, SUP menciona la estimación de un caso de ansiedad por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el cual fue presentado por una agente que catalogó este suceso a la “disfuncional organización del trabajo”.

El TSCJ declara que la lesión de ansiedad de la demandante fue en acto de servicio y anula la resolución administrativa. Por tanto, según el SUP, la afectada tiene derecho a recibir las prestaciones correspondientes desde el día en el que realizó la reclamación administratriva, así como la condena a costa de la DGP.

 

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